“La reacción social a esta sentencia revela un problema estructural en la relación entre la Administración tributaria y los contribuyentes que no puede seguir ignorándose.”
“Más allá del caso concreto, el fallo reabre el debate sobre el modelo de actuación de la AEAT y la necesidad de reforzar la confianza institucional.”
Una sentencia de alto impacto mediático y jurídico
Es noticia de actualidad, tanto en España como a nivel internacional, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado íntegramente las liquidaciones y sanciones impuestas por la Agencia Tributaria a Shakira correspondientes al ejercicio 2011, en un litigio cuyo importe superaba los 55 millones de euros.
Tras conocerse el fallo, la artista declaró:
“Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”.
La imagen y el papel de la Agencia Tributaria
Estas manifestaciones, más allá de su evidente impacto mediático, no contribuyen a mejorar la imagen —ni nacional ni internacional— de una institución esencial para el funcionamiento del Estado como es la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Sin embargo, su relevancia trasciende lo meramente anecdótico: obliga a una reflexión más profunda sobre la relación entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
En efecto, la reacción social a esta sentencia —celebrada en amplios sectores como ya sucediera en su día con el caso Xabi Alonso— revela que existe un problema estructural en dicha relación que no puede seguir ignorándose.
La cuestión de fondo es clara: ¿hacia dónde quiere evolucionar la AEAT y qué imagen desea proyectar ante el contribuyente? Se trata de una reflexión inaplazable.
Desde la experiencia profesional, resulta obligado reconocer que la gran mayoría de los funcionarios —inspectores, subinspectores y resto de personal de la Administración— acceden a sus puestos mediante procesos altamente exigentes y desarrollan su labor con rigor, vocación de servicio público y, en muchos casos, cercanía con el contribuyente. Por ello, la imagen negativa que en ocasiones se proyecta de la AEAT no resulta, en términos generales, justa.
Análisis de la sentencia
Ahora bien, el análisis de la sentencia plantea interrogantes legítimos. Resulta difícil comprender cómo se pudo imponer a la artista, en relación con el ejercicio 2011, una sanción calificada como muy grave del 125%, apreciando la concurrencia de ocultación y medios fraudulentos, por un importe total de 24.926.790,13 euros en concepto de IRPF y 2.709.894,58 euros por Impuesto sobre el Patrimonio.
En este sentido, la sanción global —27.636.684,71 euros— se revela manifiestamente desproporcionada por varias razones. En primer lugar, no concurría culpabilidad, sino la existencia de una interpretación razonable basada en los elementos de prueba disponibles y respaldada por un certificado de residencia fiscal, criterio que ha sido finalmente confirmado por la Audiencia Nacional. En segundo lugar, la estructura societaria, articulada a través de entidades interpuestas, no fue diseñada con la finalidad de eludir una eventual tributación en España, sino que preexistía con anterioridad a la vinculación de la artista con el territorio español. Finalmente, no puede apreciarse ocultación, en la medida en que las rentas de fuente extranjera derivadas de su gira internacional debían tributar, conforme a los Convenios para evitar la doble imposición (modelo OCDE), en los países en los que se celebraron los correspondientes conciertos.
El elemento clave: la residencia fiscal en 2011
En cuanto a la cuestión de fondo —la determinación de la residencia fiscal en el ejercicio 2011—, en ausencia de convenio con el Estado de residencia, resulta de aplicación el artículo 9 de la Ley del IRPF. Se trata de un precepto que otorga a la Administración amplias facultades para evitar la deslocalización artificial de contribuyentes, permitiendo declarar la residencia en España en función de criterios como la permanencia superior a 183 días, la localización del núcleo principal de intereses económicos o la residencia habitual del cónyuge e hijos.
En el caso analizado, el elemento central de controversia residía en el cómputo de los días de estancia en España. Mientras la AEAT sostenía una permanencia de 163 días, la defensa acreditaba 143, incorporando los denominados “días presuntos”, es decir, aquellos intermedios entre fechas respecto de las cuales sí existe prueba directa de presencia.
Para alcanzar el umbral de los 183 días, la Administración incluyó en el cómputo las denominadas ausencias esporádicas, entendidas como salidas temporales del territorio español que solo pueden excluirse si el contribuyente acredita su residencia fiscal en otro país. Y es precisamente en este punto donde se sitúa el núcleo jurídico del debate. La contribuyente aportó un certificado de residencia fiscal en Bahamas, territorio que durante buena parte de 2011 tenía la consideración de jurisdicción no cooperativa, si bien el acuerdo de intercambio de información tributaria entre España y las Bahamas entró en vigor el 17 de agosto de ese mismo año.
La relevancia de esta circunstancia es evidente a la luz del propio artículo 9 de la Ley del IRPF, que permite a la Administración exigir, en el caso de territorios calificados como paraísos fiscales, la acreditación de una permanencia superior a 183 días en dichos territorios. ¿Exige la ley acreditar más de 183 días en Bahamas cuando se trata de un territorio inicialmente no cooperativo? Si el devengo del IRPF e IP es a 31 de diciembre de cada año, resultaría razonable no considerar Bahamas como jurisdicción no cooperativa (paraíso fiscal) en 2011.
La Audiencia Nacional, sin embargo, ha optado por no pronunciarse expresamente sobre este extremo, dejando abierta la posibilidad de que el Tribunal Supremo, en caso de admitir recurso, fije doctrina sobre el alcance de las ausencias esporádicas y el tratamiento de las jurisdicciones offshore en este contexto.
Hacia un nuevo modelo de relación con el contribuyente
Más allá del caso concreto, esta sentencia debería servir como punto de inflexión. La AEAT debe plantearse si el actual modelo de relación con el contribuyente es el adecuado o si, por el contrario, resulta necesario introducir cambios que favorezcan una mayor confianza mutua. Ello pasa, entre otras cuestiones, por reconocer el derecho al error del contribuyente, recuperar espacios de interlocución directa que se han ido perdiendo —especialmente desde la pandemia— y evitar la creciente deshumanización de los procedimientos de comprobación, en muchos casos excesivamente automatizados.
Es momento de abordar estas cuestiones con sentido crítico y voluntad constructiva. Solo así se evitará que pronunciamientos como el analizado vuelvan a generar percepciones de desconfianza institucional y declaraciones como las realizadas por la artista encuentren eco en la opinión pública.
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