Proyecto de Ley Boletín N° 18.241-03

Objetivos del Proyecto:

• Profesionalizar la actividad de corretaje inmobiliario.
• Aumentar la protección de compradores, vendedores y arrendatarios.
• Mejorar la transparencia en la oferta, contratos y comisiones.
• Prevenir delitos (lavado de activos, estafas) vinculados al mercado inmobiliario.
• Facilitar la fiscalización por parte del Estado y la autoridad competente.

Ámbito y definiciones:

Ámbito: operaciones de corretaje relacionadas con compraventa, arrendamiento, administración y mediación inmobiliaria realizadas por personas naturales o jurídicas en Chile.

Definiciones clave:

• Corredor de propiedades: persona natural habilitada que intermedia en operaciones inmobiliarias a cambio de retribución.
• Agencia inmobiliaria / Empresa de corretaje: persona jurídica que organiza, publicita y comercializa inmuebles y emplea corredores.
• Mandante: quien encomienda la venta/arrendamiento (propietario).
• Cliente/Contraparte: comprador o arrendatario.
• Contrato de corretaje: contrato escrito que regula mandato, comisión, exclusividad, duración y obligaciones.
• Acto de mediación: cualquier gestión tendiente a encontrar contraparte y gestionar operación.

Autoridad reguladora y registro

• Entidad responsable: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) o creación de un Registro Nacional de Corredores Inmobiliarios en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento / Ministerio de Vivienda (según designación).
• Registro nacional obligatorio: toda persona que ejerza corretaje debe inscribirse; la agencia debe estar registrada como entidad responsable; renovación anual y publicación pública.
• Requisitos de inscripción (personas naturales): RUT, antecedentes penales, título profesional o certificación mínima (ver infra), póliza de responsabilidad civil, cuenta bancaria identificada, capacitación anti‑lavado.
• Requisitos de inscripción (personas jurídicas): RUT, representantes habilitados (corredores inscritos), manual de procedimientos, seguro de responsabilidad, cumplimiento anti‑lavado, capital mínimo según tamaño.

Habilitación y formación profesional

• Título habilitante: curso obligatorio (mínimo 120 horas) sobre derecho inmobiliario, contratos, ética profesional, prevención lavado de activos, protección de datos y normativa urbanística. Certificación expedida por entidad acreditada y requisito para registro.
• Capacitación continua: 16 horas anuales para mantener la inscripción.
• Incompatibilidades: funcionarios públicos que supervisan permisos urbanísticos y jueces no podrán ejercer corretaje salvo autorizaciones excepcionales.

Deberes y responsabilidades del corredor y la agencia

• Deber de información previa y veraz: entregar ficha escrita del inmueble (identificación, gravámenes, estado constructivo, urbanismo, certificados, cargas, gastos comunitarios, deudas, documentación registral y municipal).
• Documento de mandato/contrato de corretaje: obligatorio por escrito; debe contener identificación de partes, precio, comisión (porcentaje o monto fijo), modalidad de pago, exclusividad (si procede), plazo y facultades. Plazo máximo de exclusividad: 180 días (salvo pacto mayor justificado y aceptado).
• Prohibiciones expresas: cobrar comisión antes de la efectiva concreción del negocio sin justificativo legal; publicidad engañosa; ocultar gravámenes; actuar en conflicto de interés sin plena revelación y consentimiento escrito.
• Custodia de fondos: si recibe anticipos o depósitos, obligación de depositarlos en cuenta fiduciaria o cuenta separada a nombre del mandante en entidad bancaria; registro de movimientos.
• Confidencialidad y protección de datos: cumplimiento Ley 19.628 (protección datos) y normativas de privacidad; consentimiento escrito para tratamiento y cesión de datos.
• Obligación de colaboración administrativa: entregar información y documentación a autoridades y habilitar auditorías.

Contratos y publicidad

• Publicidad: toda oferta debe indicar precio, comisión y la condición “sujeto a confirmación” y exhibir su número de registro y nombre del corredor responsable. Prohibida publicidad que omita información esencial.
• Contrato de corretaje: debe ser firmado por mandante y corredor; en caso de mandato verbal, plazo máximo de 15 días naturales para ratificar por escrito, en caso de no hacerlo, no se reconocerá comisión.
• Transparencia sobre comisión: debe constar en oferta y contrato; en operaciones de compraventa, el pago y reparto de comisión debe quedar claro (si la paga el comprador, el vendedor o se comparte). Prohibida la cláusula que impida la acción del cliente contra el corredor por cobro indebido.

Deber de diligencia y conflicto de interés

• Obligación de verificar titularidad y gravámenes: el corredor debe aportar certificado de dominio e informe sobre gravámenes; si no lo realiza y causa perjuicio, es responsable.
• Conflictos de interés: revelar si el corredor o agencia participa como comprador, socio o tiene relación cercana; la transacción debe efectuarse con consentimiento informado por escrito del mandante y con ofertas alternativas.

Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

• Política PLD/FT obligatoria: ponderar riesgo de operaciones inusuales; identificación del cliente (KYC), verificación de identidad de beneficiarios reales, reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y conservación de registros por 10 años.
• Prohibición de transacciones en efectivo por montos mayores a umbral (p. ej. UF 10) sin reporte y verificación.
• Sanciones administrativas y penales por omisión de reporte.

Régimen sancionatorio

• Sanciones administrativas proporcionales: advertencia, multa administrativa (UF 10–1.000 según gravedad), suspensión temporal de inscripción, cancelación del registro.
• Responsabilidad civil: indemnización por daños y perjuicios a clientes.
• Responsabilidad penal: derivada de delitos, defraudación, lavado de activos o estafa; derivación a Ministerio Público.
• Procedimiento sancionatorio: investigación previa, garantía de defensa, decisión motivada y posibilidad de recurso administrativo y judicial.

Protección de consumidores y mecanismos de resolución de conflictos

• Derecho a retracto/rectificación: comprador o vendedor afectado por publicidad engañosa o información oculta podrá retractarse y solicitar indemnización por daños en plazos razonables (p. ej. 30 días desde descubrimiento).
• Registro de reclamos obligatorio: las agencias deben contar con sistema de atención de reclamos, plazo máximo 15 días para responder.
• Mecanismo arbitral rápido: creación de una instancia arbitral especializada en disputas de corretaje con plazos acotados (60–120 días) y posibilidad de ejecución de laudo judicial.
• Acceso a sanciones y publicaciones: sanciones administrativas graves serán publicadas en el registro público.

Innovación digital y registro público

• Plataforma pública (portal) con registro de corredores y agencias, histórico de sanciones, y ficha de inmuebles con documentos básicos (certificado de dominio, plano, estado de gravámenes).
• Uso de firma electrónica y copia digital de contratos, con requisitos de trazabilidad y custodia.

Medidas transitorias e implementación

• Plazo de adecuación: 12 meses desde la publicación para inscripción y cumplimiento de requisitos; 24 meses para adaptación total (sistemas PLD/FT y plataformas).
• Programas de capacitación subsidiada: cursos acreditados para regularización de corredores existentes.
• Clausula de evaluación: revisión normativa a los 3 años para ajustes según impactos de mercado.

Esquema básico de obligaciones contractuales

• Partes, objeto, precio del inmueble, comisión (porcentaje o monto), forma de pago de la comisión, plazo del mandato (fecha inicio/terminación), exclusividad (sí/no y duración máxima 180 días), obligaciones del corredor (información, verificación, custodia de fondos), obligaciones del mandante (entrega de documentos, información veraz), cláusula de resolución de conflictos (arbitraje especializado), cláusula PLD/FT (cooperación), firma y registro del corredor.

Indicadores de evaluación y fiscalización

• Indicadores: tiempo medio de resolución de reclamos; % de corredores inscritos; número de sanciones aplicadas; tiempo medio para inscripción de transferencias en libros societarios; % de operaciones con verificación KYC.
• Auditorías aleatorias por la autoridad, informes anuales y publicación de estadísticas.