La inteligencia artificial avanza a gran velocidad y ha desplazado el foco del debate desde sus capacidades hacia una cuestión clave: quién controla su desarrollo y bajo qué condiciones. Mientras Estados Unidos y China lideran la carrera tecnológica desde modelos muy distintos, Europa está consolidando un enfoque basado en la regulación, posicionándose como referencia en la definición de estándares para un uso responsable de la IA.
En este contexto, el encuentro «Quién controla la inteligencia: regulación, datos y poder tecnológico» reunió a expertos del ámbito jurídico y tecnológico para analizar los equilibrios necesarios entre innovación, supervisión y gestión del poder tecnológico. A lo largo del debate, se puso de manifiesto que la inteligencia artificial abre oportunidades sin precedentes, especialmente en el acceso a servicios, la eficiencia y la toma de decisiones, pero también plantea retos significativos en materia de control de datos, concentración de capacidades en grandes plataformas y velocidad de adopción frente a la capacidad normativa.
Uno de los ejes centrales fue precisamente el reparto de poder en el ecosistema de la inteligencia artificial. En este sentido, Rocío Catalá, jefa de Operaciones Jurídicas de ECIJA, subrayó que el control no reside en un único actor, sino que se distribuye entre empresas tecnológicas, reguladores y usuarios. Esta realidad obliga a construir un modelo de gobernanza compartida que equilibre la capacidad de innovación con mecanismos efectivos de supervisión y responsabilidad.
El impacto de la IA en el sector jurídico fue otro de los puntos destacados. La creciente adopción de herramientas tecnológicas está transformando la práctica legal, facilitando el acceso a la información y automatizando determinados procesos, pero también redefiniendo el papel del abogado. En este contexto, se destacó la necesidad de adaptación del sector, incorporando estas tecnologías sin perder el criterio jurídico, la confianza del cliente y el valor añadido del asesoramiento especializado.
Asimismo, el debate puso en valor el papel de la regulación europea como elemento diferenciador. La Unión Europea ha sido pionera en el desarrollo de un marco normativo específico en inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar un uso ético, seguro y transparente. No obstante, se evidenció que el gran reto reside en encontrar un equilibrio que permita proteger a los ciudadanos y a las organizaciones sin frenar la competitividad y la innovación en un entorno global altamente dinámico.
Otro de los aspectos clave fue la reflexión sobre el acceso real de los ciudadanos a la tecnología y su capacidad de decisión. A pesar de los avances, se señaló que gran parte del poder continúa concentrándose en los grandes polos tecnológicos, lo que plantea interrogantes sobre la soberanía digital, la transparencia en el uso de datos y la capacidad de los usuarios para influir en el desarrollo tecnológico.
En conjunto, el encuentro dejó una conclusión clara: la inteligencia artificial no solo está transformando sectores económicos, sino también las dinámicas de poder, regulación y toma de decisiones. El desafío pasa por articular un modelo en el que empresas, instituciones y sociedad avancen de forma coordinada, garantizando un desarrollo tecnológico que sea competitivo, pero también responsable y sostenible a largo plazo.
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