Un paso hacia mayor transparencia en el mercado inmobiliario dominicano
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana ha reforzado la obligación de los contribuyentes de detallar y documentar los pagos en transferencias y descargos inmobiliarios, una disposición que representa un paso significativo en la formalización del sector inmobiliario.
El objetivo principal es cerrar espacios a prácticas que históricamente han favorecido la evasión fiscal y la subvaluación de inmuebles en los contratos. Al exigir constancias fehacientes de pago en cada operación, la medida no solo fortalece la recaudación tributaria, sino que también fomenta una cultura de mayor transparencia en las transacciones, generando confianza tanto para los actores locales como para los inversionistas extranjeros interesados en el mercado dominicano.
El alcance de esta normativa trasciende lo meramente fiscal. Para compradores y vendedores, supone una mayor responsabilidad en la documentación de cada pago, lo que incrementa la formalidad de los procesos. Aunque esta exigencia pueda añadir cierta carga administrativa y costos adicionales en el corto plazo, en el mediano y largo plazo contribuirá a reducir litigios, proteger los derechos de las partes y consolidar un sistema inmobiliario más seguro y confiable.
En definitiva, la medida refleja un cambio en la visión del Estado, que pasa de un modelo reactivo de control a uno preventivo, orientado a anticiparse a los riesgos y a robustecer la seguridad jurídica en las operaciones de bienes raíces.
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