El artículo parte de la sentencia del TSJ de Galicia (23 de julio) que anuló preceptos de la Ordenanza de Movilidad de A Coruña por discriminar a los VTC. Se repasa la tensa convivencia entre taxi y VTC desde 2009 (liberalización), pasando por los retrocesos de 2013 y 2015 y el decreto Ábalos (ratio de 1 VTC por cada 30 taxis), que trasladó la competencia del Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos sin resolver el problema de fondo.
Se destaca especialmente la sentencia del TJUE que anuló esa ratio 1/30 no por ser ilícita en sí, sino por falta de justificación de por qué se eligió esa magnitud concreta, abriendo la puerta a que cayeran restricciones similares en otras ciudades (Pamplona, Toledo, Zaragoza).
Se explica el caso concreto de A Coruña: el ayuntamiento intentó una fórmula encubierta no prohibir expresamente la actividad de los VTC, sino "impedirla" hasta que se dictara una norma específica que nunca llegaba, lo que el TSJ consideró equivalente a una prohibición ilegítima.
El autor critica la reacción de la alcaldesa tras el fallo, que reconoció haber protegido al sector del taxi "hasta donde pudo", evidenciando una regulación contraria a la realidad del mercado.
El artículo concluye reivindicando la libertad de empresa y un modelo de movilidad integrador (transporte público, taxi y VTC), señalando que el reto no es excluir un modo de transporte, sino integrarlo en beneficio de los ciudadanos, y no solo en grandes ciudades sino también en las medianas y pequeñas.
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