Ingreso al Congreso de un Proyecto de Ley para Regular la Gestión de Intereses ("Lobby")
El 28 de mayo de 2026 el Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado "Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses", iniciativa que busca establecer un marco normativo integral para regular las actividades de representación de intereses ante los poderes públicos nacionales.
La propuesta constituye uno de los intentos más relevantes de institucionalización de la actividad de lobby en Argentina, actualmente regulada de manera parcial por el Decreto N° 1172/2003, aplicable al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
Principales aspectos del proyecto
1. Creación de un Registro Público de Gestores de Intereses
El proyecto prevé la creación de un registro público, gratuito y digital en el que deberán inscribirse obligatoriamente las personas humanas y jurídicas que realicen actividades de gestión de intereses ante funcionarios del Poder Ejecutivo o miembros del Poder Legislativo Nacional.
Entre otros datos, los sujetos obligados deberán informar:
- La identidad del representado.
- Si la actividad es remunerada o gratuita.
- Si representan intereses nacionales o extranjeros.
- Los organismos y funcionarios contactados.
- El objeto de las gestiones realizadas.
- El beneficiario final de la intervención.
Asimismo, deberán presentar reportes periódicos sobre las actividades desarrolladas.
2. Registro de funcionarios públicos
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Público de Gestión de Intereses para funcionarios y autoridades públicas, incluyendo al Presidente y Vicepresidente de la Nación, ministros, legisladores nacionales y asesores.
Estos deberán informar los contactos mantenidos con gestores de intereses y los asuntos abordados en dichas reuniones.
3. Restricciones para ex funcionarios
El proyecto establece un período de enfriamiento ("cooling-off period") de dos años para ex funcionarios públicos, quienes no podrán actuar como gestores de intereses ante los organismos donde se desempeñaron o respecto de asuntos sobre los que hubieran tenido intervención directa.
4. Régimen sancionatorio
La propuesta incorpora un sistema de sanciones administrativas para los gestores de intereses que incumplan las obligaciones de registración o reporte, incluyendo apercibimientos, multas e inhabilitaciones.
Adicionalmente, prevé sanciones penales para los supuestos de gestión clandestina de intereses, con penas de prisión de entre seis meses y dos años para quienes desarrollen actividades de lobby sin encontrarse debidamente registrados.
Antecedentes comparados
El proyecto presenta similitudes con el régimen vigente en los Estados Unidos, particularmente con la Lobbying Disclosure Act de 1995, que exige la registración y presentación de informes periódicos por parte de quienes realizan actividades profesionales de lobby. Asimismo, incorpora ciertas restricciones post empleo público que también se observan en dicho sistema.
A nivel regional, Chile cuenta desde 2014 con una regulación específica que pone el foco en las obligaciones de transparencia de los funcionarios públicos, incluyendo la publicidad de reuniones, viajes financiados por terceros y donaciones recibidas.
Consideraciones preliminares
La iniciativa representa un avance significativo hacia la institucionalización y transparencia de las actividades de representación de intereses en Argentina. Sin perjuicio de ello, distintos especialistas han señalado aspectos susceptibles de mejora, particularmente en materia de transparencia legislativa, publicidad de agendas, registro de obsequios y control de beneficios recibidos por funcionarios públicos.
De aprobarse, la norma tendría un impacto directo sobre empresas, cámaras empresariales, asociaciones civiles, consultoras, estudios profesionales y demás organizaciones que interactúan habitualmente con organismos públicos o participan en procesos de formulación normativa y regulatoria.
Desde una perspectiva de compliance y asuntos públicos, el proyecto refuerza la tendencia internacional hacia una mayor trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas en la interacción entre el sector público y los actores privados.
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